Enfoque Directo

Sin acceso

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DEBE QUEDAR CLARO QUE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN ES PARTE DE LA DEMOCRACIA Y LO ESTABLECEN DESDE LOS TRATADOS INTERNACIONALES HASTA LA CONSTITUCIÓN.

Es información es pública y usted tiene acceso” respondió la diputada Cristina Saúl en defensa de “la transparencia” que buscan los legisladores del oficialismo sobre el contralor de las cuentas municipales de la Capital. La iniciativa de la transparencia, de hacer respetar la Constitución y generar mecanismos que control, podría ser celebrada pero si, en el medio, no hubiere una interna del Gobierno provincial. Sin embargo, el desempeño del Gobierno en materia de acceso a la información pública dista mucha de lo expresado por la legisladora sobre el cumplimiento de los funcionarios de rendir cuentas sobre los fondos públicos del Estado. Incluye a los tres poderes, por hay que recordar, salvo excepciones, los fallos de la Justicia son públicos.

Se puede citar varios ejemplos para mostrar que La Rioja todavía hay información que se maneja como secreto de Estado y solo se la conoce dependiendo de los que se ejercitan en la construcción de poder con algunas herramientas y no de los ciudadanos.

En el caso de la Función Legislativa, no se conocen los proyectos que presentan y el sitio web está desactualizado, por ejemplo. Tampoco se conocen las leyes sancionadas y para conocer algunos textos hay que esperar la publicación en El boletín Oficial para saber como nos rigen las leyes. Tampoco se puede conocer algunos de los presupuestos, las ejecuciones presupuestarias y el funcionamiento de las empresas estatales (SAPEM).

En el 2016, se realizó un censo para conocer la población y las demandas en la sociedad y resulta que esos datos nunca fueron publicados. Y si alguien conoce alguna declaración jurada de un funcionario, que la muestre porque hasta aquí nada de eso se sabe. Podríamos recordar que no se conoce como se financiaron las campañas electorales y así se puede seguir con la lista.

En caso de querer accionar en pos de la transparencia entonces debe quedar claro que el acceso a la información es parte de la democracia y lo establecen desde los tratados internacionales hasta la constitución. Y que eso implica que la información es de los ciudadanos y que el Estado tiene la obligación de implementar políticas activas de transparencia, que publicar en forma digital ya no es una cuestión de voluntarismo y que se debe conocer desde la nómina de funcionarios, hasta las contrataciones de obra pública, auditorias y declaraciones juradas, por ejemplo. Contar con una legislación en el acceso a la información pública sería un avance.

Y, es necesario pensar además que ya quedó bastante retrasada esta manera despiadada, sin límites y usando las instituciones para construir poder en función de ciertos sectores. La transparencia por parte de los que gobierno es también es decir las cosas como son y que peleas electorales buscan tan anticipadamente.

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