Enfoque Directo

Juzgar con perspectiva de género y no disciplinar

728×90 – Abajo del titulo – Articulo individual

Escribe: Analía Yoma, directora de Comunicación de la Secretaría de la Mujer y Diversidad

Algunas sentencias judiciales siguen atravesadas por el discurso hegemónico disciplinador que ratifica desigualdades respecto del género. Jueces y fiscales siguen lejos de dialogar con tratados internacionales con jerarquía constitucional, leyes, fallos; y no escuchan, además, el cambio cultural y social que marca otras demandas respecto del respeto por los derechos humanos de mujeres y otras identidades. Desarmonizan y disciplinan.

El juez de Instrucción, Jorge Romero desestimó la denuncia presentada por la concejala del departamento Felipe Varela, Juana Páez, en contra del intendente Yamil Sarruf. El jefe comunal fue acusado de violencia de género por expresiones manifestadas en varios episodios en contra de la edil.

En el fallo, el juez – que coincide con el fiscal Daniel Eduardo Daniel- sostiene que al no haber delito, no se puede avanzar en la investigación por lo que desestima la denuncia. Sin entrar en la cuestión penal, porque no compete, es necesario hacerse al menos algunas preguntas sobre la concepción que tienen, tanto el fiscal como el juez, de las relaciones de poder establecidas en una estructura patriarcal que genera desigualdades, discriminación y abuso de poder por razones de género.

Solo se limitaron a determinar si las acciones del Intendente quedaban configuradas en un delito. “De modo que, desde el inicio, de la denuncia o noticia, surge manifiesta e incontrovertible la conclusión de que los hechos puestos de manifiestos no son delito, no existe acción penal a ejercer ni a mantener”, dice el fallo. Sostiene que: “Todas las medidas de prueba que se podrían ejecutar son totalmente impertinentes”; y en el menosprecio y subestimación del relato de la concejala expresa: “Solo es una percepción de Páez cuando ella dice que las intenciones del tipo era pegarle”. Afirmaciones como estas son parte de los estereotipos a partir de los cuales se conforman discursos discriminatorios sin tener en cuenta lo determinante del lenguaje y como delimita y conceptualiza. Y, además, cierra la puerta a visibilizar el entramado de las violencias que se manifiestan en formas y modalidades establecidas en la ley 26485. La concejala Juana Páez fue víctima de política (que puede incluir, entre otras, violencia física, sexual, psicológica, económica o simbólica) de acuerdo su relato no, a su “percepción”. Sobre la violencia simbólica se estructuran el resto de las violencias contempladas en la ley.

¿Pudieron advertir si existía algún grado de incumplimiento de los derechos reconocidos en la Convención para la Eliminación de Toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)?

Esta convención, con jerarquía constitucional, establece en su artículo 1 la expresión; “discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

En tanto que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) expresa, en su artículo 1, que “debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.

No quedó abierta la posibilidad de iniciar una investigación para escuchar testigos y lo más importante, escuchar a Páez que se sintió avasallada en sus derechos. Porque además, tanto el intendente como la edil son funcionarixs publicxs que representan la voluntad política de una sociedad y su gobernanza se debe basar en principios democráticos de igualdad.

La propia jurisprudencia de la Corte Suprema ha sentado un cambio de paradigma procesal en las causas contextualizadas en violencia de género, ampliando las posibilidades probatorias de la víctima.

Debemos seguir pensando en una sociedad con perspectiva de género que desarme estas desigualdades estructurales entre varones y mujeres y que limite actos discriminatorios.

Ley 26485

  • Violencia política: La que, dirigida individual o grupalmente, tenga por objeto o por resultado, menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos de la mujer y/o su participación en los asuntos políticos y públicos. La violencia política contra la mujer puede incluir, entre otras, violencia física, sexual, psicológica, económica o simbólica.”
  • Violencia psicología: La que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación aislamiento. Incluye también la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación.
  • Violencia simbólica: La que, a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.
728×90 – Debajo del la nota – Articulo individual

Síguenos en las redes

370×300 – Publicidad general 2