Enfoque Directo

Vulnerabilidad

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EL SENTIDO COMÚN INDICARÍA QUE EXISTE INDEPENDENCIA ENTRE LOS ORGANISMOS DE CONTROL Y LAS EMPRESAS, QUE ADEMÁS LA JUSTICIA RESGUARDA LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y QUE LA INFORMACIÓN ES UNA OBLIGACIÓN PARA LOS USUARIOS. CLARO QUE TAMBIÉN ES CIERTO QUE EL SENTIDO COMÚN TAMBIÉN ADQUIERE SUBJETIVIDADES Y SE PUEDE VOLVER PELIGROSO, INCLUSIVE EN DERECHO.

El sentido común, en el mejor de los sentidos, comprendería un conjunto de criterios que tienen validez, razonabilidad y lógica. La semana pasada, sorprendentemente, el Gobierno mediante un comunicado anunció que la Justicia había determinado fallar, en una cuestión de fondos, a favor de la empresa EDELaR en respuesta a un recurso de amparo por la suba de tarifas. La misma jueza, María Petrillo de Torcivía, había determinado lo contrario, en una primera resolución.

La jueza, había determinado que EDELaR suspenda la aplicación del incremento y que “a partir de la notificación de la resolución se abstenga de aplicar la nueva tarifa de servicio público de distribución de energía eléctrica efectuando una nueva liquidación”. “Para el supuesto que los usuarios hubieran realizado el pago de las facturas, donde el cálculo fue realizado con la nueva tarifa, la empresa debía tomar el excedente como pago a cuenta de la facturación siguiente y comunicárselo en forma expresa al usuario”

Y además dictaminó que “correspondía hacer extensiva la medida a todos los usuarios residenciales que hayan sido alcanzados por el incremento sufrido en la tarifa de servicio de energía eléctrica a quienes la medida se les deberá aplicar en los mismos términos y condiciones”, es decir, a todos los usuarios.

Desde el inicio del conflicto, el argumento de la empresa fue que los usuarios sufrieron el impacto del aumento establecido por el Gobierno nacional y el incremento en la generación y transporte de la energía. EDELaR distribuye.

En este sentido, y contrario a lo que ya había dictaminado, María Petrillo de Torcivía rechazó la acción de amparo articulada en contra de EDELaR efectuada por los usuarios. Entendió que el incremento que impactó en la facturación correspondiente al mes de febrero de 2017 responde a lo dispuesto por resolución de Directorio del EUCOP (001 – Acta 001/2017) la cual, a su vez, encuentra sustento en la Resolución 20/2017 de la Secretaría de Energía Eléctrica de la Nación.

En este contexto, y teniéndose en cuenta que el incremento en cuestión era estacional y que estaba previsto y autorizado por el contrato de concesión, habiéndose efectuado además la correspondiente difusión, determina que no era necesaria la convocatoria a audiencia pública, toda vez que el cuadro tarifario aprobado por la autoridad de aplicación y posteriormente puesto en práctica por EDELaR es válido y no corresponde que sea anulado.

“Ningún reproche puede hacerse, al respecto, sobre la empresa de energía riojana y su manera de obrar, ya que se descarta de plano todo fundamento que justifique la admisión de la demanda efectuada, al tiempo que no se verifica ningún tipo de afectación de un derecho constitucional” y levanta la medida cautelar. Desde el sentido común deja muchos interrogantes en el ciudadano como una funcionaria judicial cambia sus argumentos jurídicos y pasa de un lugar a otro. Claro que pueden ser válidos jurídicamente, pero interpela en definitiva sobre el funcionamiento del sistema judicial. Y además consideró que los usuarios tramiten el reclamo por la vía ordinaria.

Pero, a la instancia judicial, se suman otros puntos sobre la empresa estatal, subsidiaria de EMDERSA SA. El estado riojano tiene el 77,5 por ciento de las acciones a través de EDERSA SAPEM, la Nación el 22 por ciento a través de ANSES y un 5 por ciento del paquete accionario, tiene en la Bolsa. Si bien es cierto que ante la llegada de la facturación y con el anuncio del subsidio del Gobierno provincial con un aporte de 30 millones de pesos mensuales, los usuarios podían reclamar, no se sabe todavía que paso con las mediciones, una variable más que se sumó a la escalada del aumento.

Y previamente, no se sabe cómo se distribuyó el anterior Fondo Compensador porque no se aplicó en todas las facturas y porque se desconoce cómo se aplicaba a los grandes usuarios, entre ellos, grandes productores. ¿Los grandes regantes cuanto se llevaban y se llevan del subsidio? ¿Y cómo es la distribución ahora?

La otra cuestión es que cuando se anunció el nuevo Fondo Compensador, el gobierno decidió “también iniciar las acciones pertinentes con el objeto de llevar adelante una audiencia pública para la revisión tarifaria integral de Edelar, para clarificar a la sociedad, ante declaraciones oportunistas que confunden. De igual manera se decidió llevar este tema al seno del Consejo Económico y Social”.

Finalmente se desconoce cuál es la función del EUCOP como organismo de control ante una empresa que es estatal. El sentido común indicaría que existe independencia entre los organismos de control y las empresas, que además la Justicia resguarda los derechos constitucionales y que la información es una obligación para los usuarios. Claro que también es cierto que el sentido común adquiere subjetividades y se puede volver peligroso y relativo, inclusive en derecho.

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