Enfoque Directo

La violencia mediática tiene condena judicial

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El medio digital Rioja Libre fue condenado por violencia mediática consecuencia de una denuncia presentada en el mes de julio de este año. Una de las medidas judiciales obliga a su responsable, Julio Laboranti, a publicar información de prevención y erradicación de la violencia de género.

Escribe: Analía Yoma

En el mes de julio junto a la colega Antonella Sánchez Maltese presentamos una medida cautelar en contra del medio digital Rioja Libre cuyo editor responsable es el Julio Laboranti. La denuncia, que recayó en el Juzgado de Violencia de Género, cuya titular es Magadalena Azcurra se originó a raíz de una serie de publicaciones con tratamiento discriminatorio, injurioso sobre nuestras personas y nuestro ejercicio profesional como comunicadoras.  Las notas periodísticas, además de no tener fundamentos validos sobre las acusaciones expresadas, encuadran en violencia simbólica y mediática establecida en la ley 26485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.

La norma establece que “la violencia mediática  se define como “aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres”. Rioja Libre se convirtió en un especialista en difundir mensajes cargados de estereotipos que violentan reiteradamente a las mujeres.

Azcurra en su resolución, además de citar la ley 26485 sostiene que “desde 2009 Argentina se adecuó a los pactos internacionales, Cedaw y Belen DoPará, en los cuales se protege de todo tipo de discriminación en contra de la mujer ya sea en el ámbito público o privado”. Menciona también la legislación nacional de Regulación de los Servicios de Comunicación Audiovisual.  Y si bien, no existe regulación específica, los medios de comunicación pueden acudir a decálogos elaborados para el tratamiento responsable de la violencia de género.

La magistrada aclara que “bajo ningún punto de vista pretende cercenar la libertad de expresión, sino educar en relación a la perspectiva de género que debe ser incorporada en la vida cotidiana, más aún cuando la actividad principal es informar en relación de iguales, libres de todo tipo de violencias”.

Determinó determinó tres medidas judiciales: bajar las publicaciones, cesar en el hostigamiento y realizar notas semanales sobre prevención y erradicación de la violencia de género y realizar entrevistas a referentes del estados o asociaciones civiles a los fines de desarrollar aspectos relacionados a la violencia de género.

Esta resolución judicial representa un antecedente importante para la construcción colectiva el feminismo.  Es por todxs.

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